El peso de la crisis no debe recaer sobre las espaldas de trabajadoras y trabajadores
La agudización de la crisis sanitaria sepultó la “nueva
normalidad” o “retorno seguro” del gobierno y dejó mortalmente heridas sus “cuarentenas
flexibles y estratégicas”. Es un hecho indesmentible que el número de contagios
se incrementa de manera acelerada en comunas populares de la RM, como
consecuencia de la tardía decisión del Ministerio de Salud de retrasar, sin
justificación sanitaria, cuarentenas en comunas que vienen mostrando desde hace
más de un mes un aumento sostenido del número de personas infectadas.
Los motivos que ha tenido Piñera para evitar las cuarentenas
están más relacionados con razones económicas que con objetivos de salud
pública, y esta tardanza en adoptar medidas de contención de la epidemia revelan
que el mandatario ha seguido cediendo sistemáticamente a las presiones
empresariales, en perjuicio del bienestar y la vida de la población afectada
por la epidemia.
La credibilidad del gobierno es bajísima y las evidencias
demuestran que el tan proclamado aplanamiento de la curva de contagio era solo
un mito, ya que la expansión del COVID 19 sigue en alza, sin que haya señales
visibles de moderación de los contagios. Los datos que entregan las autoridades
de salud muestran con claridad que todavía no hemos llegado a la cúspide (peak)
y que probablemente la cima del contagio coincidirá con el momento en que el virus
ataque a sectores sociales más desprotegidos y con menos posibilidades de
enfrentar un confinamiento prolongado, porque su subsistencia depende de lo que
ganan día a día.
Junto con las medidas sanitarias que se están adoptando para
extender la cuarentena, es necesario acelerar la aprobación del proyecto de ley
de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que fue parcialmente rechazado por el
Congreso Nacional, debido a diferencias entre oposición y gobierno;
relacionadas con el monto y extensión de la cobertura de este ingreso de
emergencia, indispensable para garantizar la subsistencia de familias pobres y
de la llamada “clase media”; segmento
heterogéneo de la población que agrupa a millones de personas que laboran
en actividades relacionadas con el comercio, los servicios o la pequeña
producción.
La extensión de la cobertura del IFE a estos sectores sociales
medios, que habitualmente no son sujetos de apoyo del Estado es fundamental para
garantizar una cuarentena efectiva a cerca 9 millones de personas que trabajan de
manera informal o por cuenta propia, impedidas de laborar en esta coyuntura. Para
lograr el objetivo sanitario, este el IFE debiera ser igual o superior al
salario mínimo ($320.500) para una familia de cuatro personas y tendría que extenderse
durante todo el periodo de la pandemia. Este aporte solidario contribuye a
sostener también al conjunto de la economía, incluyendo su aporte a la reactivación
del ciclo de producción y consumo, a través del fortalecimiento del poder de
compra de la población.
Es indispensable además que las organizaciones sindicales intensifiquen
su defensa de las trabajadoras y trabajadores, y que las autoridades de gobierno
aumenten la fiscalización para impedir abusos de empleadores. Según cifras de
la Dirección del Trabajo, cuando recién se iniciaba la crisis sanitaria, entre
enero y marzo de 2020, las cartas de despido cursadas por empresarios fueron 994.265,
con 212.600 despedidos más que los registrados en el mismo periodo del año
2019.
En momentos de crisis extrema, como la que estamos viviendo,
las soluciones de la receta neoliberal resultan inútiles para enfrentarla. La
focalización de los subsidios en los más pobres no basta, el Estado debe
intervenir también con políticas públicas urgente, que se extiendan hacia toda
la población vulnerable. Es necesaria además la activa participación de la
ciudadanía organizada mediante acciones de educación sanitaria, autoayuda o
solidaridad; que vengan desde organizaciones vecinales, partidos políticos
populares, asociaciones de economía circular o cooperativas de producción y
consumo, por nombrar algunas.
Los recursos para financiar este periodo de emergencia deben
provenir principalmente del Estado, que tiene la posibilidad de endeudarse a
largo plazo por la vía de emisión de bonos soberanos, y de quienes se han
beneficiado de este modelo de crecimiento desigual: los super ricos, cuyo
aporte tributario al país es insignificante. No queremos que una vez más el
peso de los costos de la crisis se cargue sobre las espaldas de trabajadoras y
trabajadores.
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