Rubén Andino
Nos prometieron flotas de buses nuevos y en óptimas condiciones de funcionamiento. Calles despejadas, frecuencias controladas de manera remota, vías segregadas, atención especial para la tercera edad y los discapacitados. Santiago una ciudad de “clase mundial”, se dijo.
A pesar de una millonaria inyección de recursos públicos a Transantiago; seguimos viendo a las micros amarillas enchuladas contaminando a más no poder con sus viejos motores y chimeneas que escupen sin vergüenza patacones de humo negro ante la mirada de los atónitos transeúntes. Los buses pasan tarde, mal o nunca y por si fuera poco circulan repletos en las horas de punta, desaparecen en los horarios valle y se detienen en los paraderos cuando se les antoja.
También es falaz a campaña del gobierno actual, culpando de todos los males del sistema de transporte público a los evasores, modestos trabajadores que reciben salarios miserables por extenuantes jornadas; quiénes para acceder a sus faenas deben realizar largos viajes y múltiples transbordos.
Piñera quiere poner en conflicto a unos pasajeros contra otros. A unos pobres contra otros pobres; cuando el problema radica en que los grandes operadores privados del sistema de transporte público tienen ganancias aseguradas por prestar un servicio de pésima calidad. Negocio redondo para ellos.
Si el problema son los evasores como dice el gobierno; propongo una solución rápida y a todas luces más barata. Que se otorgue a los trabajadores que reciben el salario mínimo un subsidio permanente de 30 mil pesos mensuales (1.000 pesos diarios) para locomoción, que se reajuste de manera automática cada vez que sube el pasaje.
Sospecho que la evasión disminuiría en una elevada proporción; aunque sigo pensando que el servicio seguiría igual de malo, porque el problema del déficit de Transantiago no son aquellos que no pagan. El asunto de fondo radica en la perversión de un sistema de transporte público ideado para beneficiar a grandes empresarios, sin poner en el centro de sus objetivos el bienestar de los pasajeros.
El modelo esta hecho para esquilmar a los usuarios y consumidores, tal como sucedió antes con las autopistas y carreteras concesionadas, que se han convertido en un negocio casi tan bueno para quienes los administran como son para los bancos los préstamos bancarios o los créditos de consumo las casas comerciales. En todos los casos, el que paga es siempre el pobre Moya.
Tal como dijimos hace tres años, la única solución posible para este elefante inválido es su estatización. Porque tal como está funcionando, a los únicos que sirve es a los grandes operadores privados, que tienen ganancias aseguradas gracias subsidios del Estado que se elevan anualmente a la estratosférica suma de 750 mil millones de pesos.
